La legislación aduanera actual contempla diferentes regímenes aduaneros que abarcan todas las operaciones de comercio internacional que suceden en nuestro país, entre ellos, el depósito fiscal.
El depósito fiscal es un tipo de régimen aduanero destinado al almacenamiento temporal de mercancías hasta que el operador decida darles un destino definitivo, dentro o fuera del territorio aduanero comunitario. Obviamente, la mercancía almacenada en el depósito fiscal está sujeta a tributación. Sin embargo, mientras el importador decide el destino que tendrá la mercancía, se suspende temporalmente el pago de impuestos; siendo esta una de las mayores ventajas de este tipo de depósito.
La gestión de estos depósitos puede estar a cargo de entes públicos, como las aduanas, o del sector privado, como empresas de logística o almacenaje; quienes se encargan de almacenar, asegurar y proteger la carga mientras se negocia su comercialización total o parcial.
El tiempo de permanencia de mercancías en el depósito fiscal no estará limitado; a excepción de algunos casos determinados en los que las autoridades fijen un plazo. Esta última situación se suele dar en caso de almacenamiento de larga duración o cuando el tipo y la naturaleza de las mercancías puedan constituir una amenaza para la salud pública, animal, fitosanitaria o para el medio ambiente. En otras ocasiones, el periodo de tiempo queda estipulado previamente bajo un contrato hecho entre el importador y el administrador del depósito fiscal.
Aunque este tipo de régimen aduanal tenga grandes ventajas para los importadores y exportadores, también conlleva una gran problemática para las empresas de logística. Y es que puede ocurrir que el propietario no cumpla con los plazos de permanencia establecidos o abandone la mercancía en el almacén por periodos de tiempo muy largos, generando pérdidas y gastos para la compañía logística, quien debe asumir la responsabilidad de pago.
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